El Euromillones digital y la conectividad en España

Aunque realmente lo pareciera, esta entrada no va de sorteos estrictamente reglados, si no de una lluvia de millones que viene de Bruselas para, entre otras cosas, que España pueda invertir en una verdadera transformación digital del país. No obstante, parece que las precipitaciones caerán en forma de tormenta, al menos por el nivel de incertidumbre que está causando en el sector.

1. Un briefing sobre la oportunidad...

Entrando en harina, la Comisión Europea, consciente de la importancia del sector de las telecomunicaciones y de las infraestructuras digitales en general, está poniendo el foco de sus estrategias y de sus esfuerzos financieros en conseguir una verdadera conversión digital de los países miembros en todos los planos para combatir los distintos retos a los que la sociedad, la economía, la sanidad y el medio ambiente se está enfrentado.

Así pues, de manera extraordinaria, para paliar los efectos causados por la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de los distintos países miembros han acordado un plan de recuperación "El mayor paquete de estímulo jamás financiado" según afirman. El 21 de julio de 2020, se alcanzó un acuerdo sobre este plan de recuperación y sobre el marco financiero plurianual 2021-2027. Los presupuestos comprometidos son:

  1. Marco plurianual 2021-2027 – 1,1 billones de euros
  2. Next Generation EU – 750.000 millones de euros.

Next Generation EU consta de tres pilares y dentro del primero se encuentra el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con una asignación para España de 140.000 millones de euros.

Para poder acceder a estos fondos, los Estados miembros deben elaborar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) donde se deben detallar la inversiones y reformas que se pretendan acometer. Estos planes deberán ser aprobados por la Comisión Europea y el Consejo de la UE. El MRR tiene como objetivo contribuir a restaurar el potencial de crecimiento de la economía y fomentar la creación de empleo tras la crisis de la COVID-19 a través de iniciativas que aceleren las transiciones ecológica y digital. Para ello se definen 7 + 1 áreas prioritarias y, como puede imaginar el lector hay una dedicada para "Conexión"

Hasta aquí lo bonito, ahora veamos lo bien que lo tenemos que hacer para no dejar pasar esta oportunidad que nos brinda el "Next Generation EU". 

2. ¿Será capaz España de aprovechar esta oportunidad? 

En cuanto a la ejecución de los fondos, los proyectos deberán estar aprobados antes del 31 de diciembre de 2023 y ejecutados  antes del 31 de diciembre de 2026. Esto supone que la capacidad de movilizar tanto presupuesto en tan poco tiempo requiere, además de (i) tener ya proyectos de impacto alineados con los objetivos de la Comisión Europea , (ii) una agilidad y coordinación entre administraciones muy eficientes para ejecutar fondos europeos. 

Para reflexionar si España está en condiciones de generar proyectos susceptibles de copar el máximo presupuesto disponible e identificar al menos la tipología de los que tengan mayores probabilidades de conseguirlo, repasemos en primer lugar un timeline sobre las principales comunicaciones y estrategias europeas y la respuesta a nivel nacional:



El Gobierno de España se puso las pilas en el 2020 estableciendo líneas de actuación y metas concretas que entran en alcance y tiempo con este "euromillones digital" que se nos viene encima. 

A modo de resumen podemos acudir a los últimos documentos donde se concentra la apuesta de España en cuanto a la conectividad hasta el 2025. Se muestra a continuación una tabla capturada del Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales:

Tabla Resumen Plan Conectividad España

A priori, parece que a nivel estratégico España está recogiendo el guante de la Comisión Europea. Cuestión distinta es valorar si podremos aprovechar realmente esta oportunidad. En este sentido, si acudimos a estadísticas de ejecución de fondos europeos en nuestro país, al menos, nos debe despertar serias dudas al respecto.  Hasta el 30 de septiembre de 2020, de los 56.240 millones planificados en su programa operativo para el periodo 2014-2020, España solo ha ejecutado el 36%, es decir, 20.507 millones de euros, según los datos de la Comisión Europea. Esto le deja a la cola del resto de los países europeos. 


3. ¿Como se coordinarán y materializarán los Next Generation EU?

 ¡Aquí está la madre del cordero! La parte más divertida de la historia. Todas las administraciones públicas y empresas están trabajando en preparar sus propuestas que se alineen con los objetivos y requisitos sin que las reglas del juego estén claras y sin conocer realmente el procedimiento por el cual el Estado presentará a Europa las iniciativas.

A finales del 2020 vimos varias noticias, principalmente de Comunidades Autónomas que lanzaron sus propuestas, con mayor o menor detalle, para ser incluidas en la propuesta de la nación. A modo de ejemplo podemos traer a colación las propuestas de Cataluña o Andalucía

Si queremos tomar alguna referencia oficial al respecto tendremos que acudir al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que quedó convalidado por el Congreso a finales de enero del 2021.

Este Real Decreto-ley recoge una serie de instrumentos de carácter general dirigidos a reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de medidas de modernización de las administraciones públicas, que permitan una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los mencionados fondos. Aquí es el punto donde lanzo el guante  a mi compañero de batallas Jorge, para que valore (con el clamor de los lectores) publicar una entrada específica con las novedades normativas y administrativas.

No obstante, destaco aquí la creación de la estructura de gobernanza que se recoge, con la creación, entre otros, de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para canalizar adecuadamente la participación de éstas en los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan. 

Por otro lado, se recoge una nueva figura de colaboración público-privada:  los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica («PERTE»). Este instrumento pretende servir como un punto de conexión entre la iniciativa pública y privada para ofrecer un marco jurídico previsible, en el que se puedan desarrollar soluciones innovadoras, estratégicas y colaborativas.

Son muchas incógnitas aún por dilucidar sobre la gestión de los fondos, como el reparto territorial de la inversión, o el nivel de participación de las comunidades autónomas, ayuntamientos y el sector privado  para la conformación de los proyectos que finalmente España defienda en Europa para la ejecución de los fondos.

Cabe pensar que la vía de subvenciones a través de órdenes de incentivos como el Plan de Extensión de Banda Ancha o las obligaciones de cobertura en la asignación del nuevo reparto del espectro pendiente por el 5G serán soluciones que estarán sobre la mesa de forma protagonista. Este tipo de instrumentos ha permitido un despliegue considerable de redes de nueva generación en nuestro país, pero a la postre, no parecen suficientes para lograr los objetivos de conectividad que hemos repasado anteriormente. En este sentido, el propio Real Decreto-ley promueve la apertura a varios agentes del sector para captar nuevas ideas y proyectos.

Una prueba de ellos son las "Manifestaciones de Interés", relacionadas con la conectividad. Se destacan 2 en el ámbito de la conectividad:
Sea como fuere, otro aspecto importante en todo este asunto es la convivencia con la normativa referente a las Ayudas de Estado. En un artículo que escribí hace tiempo recogí a grandes rasgos las principales restricciones. Aunque se han relajado temporalmente (o ampliado) algunos límites (por ejemplo, el límite de aplicación de mínimis pasa de haber sido beneficiario de este procedimiento en tres años anteriores pasa de 200.000 a 800.000 €) será otro handicap a salvar.


Con todos estos ingredientes y algún otro que me dejo en el tintero, tendremos que meterlos en una coctelera y desear que tanto administraciones públicas como agentes privados estén a la altura para aprovechar esta enorme oportunidad que se nos presenta para conseguir una verdadera transformación digital ... y estructural.

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